Italia dio este miércoles un paso histórico en la lucha contra la violencia sexual. En una inédita muestra de consenso político, el gobierno de Giorgia Meloni y la oposición de centroizquierda alcanzaron un acuerdo para reformar el código penal e introducir por primera vez el concepto de consentimiento como elemento fundamental para determinar cuándo un acto sexual constituye un delito.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó una enmienda que modifica el artículo 609-bis del código penal italiano, estableciendo que “quien realice o haga realizar actos sexuales a otra persona sin el consentimiento libre y actual de esta” será castigado con penas de seis a doce años de prisión.

El consenso alcanzado entre Meloni y la líder del Partido Democrático (PD), Elly Schlein, marca un cambio de paradigma en la legislación italiana. Hasta ahora, la ley consideraba violencia sexual solo cuando se ejercía “con violencia, amenaza o abuso de autoridad”, sin mencionar de forma explícita el consentimiento de la víctima.

Un cambio cultural profundo

La reforma introduce dos conceptos clave: que el consentimiento sea “libre” y “actual”. Esto significa que debe mantenerse durante todo el acto sexual y puede ser retirado en cualquier momento. Además, un consentimiento otorgado anteriormente no tiene validez para encuentros futuros.

“Este nuevo texto representa un importante cambio cultural, porque con demasiada frecuencia hemos visto a mujeres obligadas a justificarse incluso ante la violencia”, explicó Michela Di Biase, del Partido Democrático, una de las autoras de la enmienda. “El sexo sin consentimiento es violación. Es un hecho y, sin embargo, Italia aún carecía de una ley que lo reconociera explícitamente”, añadió.

Hasta ahora, el sistema se basaba en el llamado “modelo vinculado”, que exigía la presencia de coacción o amenaza para considerar el delito. Este enfoque dejaba desprotegidas a víctimas que no podían ofrecer resistencia visible, como ocurre en los casos de “congelamiento” o “freezing”, una reacción documentada en la que la víctima queda paralizada ante la agresión. En varias ocasiones, la falta de resistencia fue interpretada por los tribunales como un atenuante o incluso motivo de absolución.

Con la nueva norma, se invierte la carga de la prueba: ya no será la víctima quien deba demostrar que se resistió, sino el acusado quien deberá probar que existió consentimiento. “Finalmente se revierte la perspectiva”, destacó la abogada Cathy La Torre, especialista en violencia de género, al diario Corriere della Sera.

Protección dentro de las relaciones de pareja

El cambio legislativo también reviste especial importancia en los casos de violencia sexual dentro de relaciones de pareja, que representan aproximadamente un tercio de las violaciones denunciadas en Italia y que históricamente han sido invisibilizadas o desestimadas por los tribunales.

La reforma alinea a Italia con la Convención de Estambul, el primer tratado internacional jurídicamente vinculante para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, ratificado por el país en 2013. Este documento define la violación como “relación sexual sin consentimiento”, un principio que el Consejo de Europa había instado reiteradamente a Italia a incorporar en su legislación.

La enmienda fue presentada de forma conjunta por Michela Di Biase (PD) y Carolina Varchi, del partido Hermanos de Italia, que lidera Giorgia Meloni. Ambas celebraron el avance como un acto de responsabilidad política y un paso decisivo “en la protección de las mujeres”.

El proyecto será elevado al pleno de la Cámara de Diputados el lunes 17 de noviembre, donde se prevé su aprobación antes de pasar al Senado. Si se confirma, Italia se sumará a los países europeos que reconocen explícitamente el consentimiento como la base del consentimiento sexual y del derecho penal moderno.